Pagar derechos de autor no es exclusivo de Internet ni algo que sólo tenga que ver con reproductores MP3 o impresoras. ¿Sabía usted que las bibliotecas tienen que pagar 20 céntimos de euro en concepto de canon por cada libro que hay en sus estanterías? Estado, comunidades y ayuntamientos están obligados desde hace dos años a contribuir económicamente con los autores cuyas obras son ofrecidas a préstamo. Sin embargo, prácticamente nadie está cumpliendo la normativa.
El 14 de junio del 2007, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, en la que se reguló la remuneración para los autores por el préstamo de sus obras. El Ministerio de Cultura asumió el pago de todos los préstamos habidos en España en 2007, esperando que al año siguiente comenzara a funcionar la recaudación.
Al año siguiente, por contra, sólo cuatro comunidades abonaron su correspondiente tarifa: Navarra, Madrid, Aragón y Murcia pagaron 20 céntimos por cada préstamo que se hizo en sus bibliotecas municipales y autonómicas en 2008. El año pasado, 2009, únicamente lo hicieron las dos primeras, Madrid y Navarra. La Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid ha reconocido a El Confidencial que pagó 36.004,31€ por este concepto en 2009.
Cedro, la institución gestora y recaudadora de los beneficios derivados de los derechos de autor de los escritores españoles, creen que las CCAA no pagan o se niegan a pagar escudándose en que el Real Decreto que regula este canon, que debió promulgarse en 2008, sigue sin promulgarse a día de hoy.
Una de las CCAA que no está abonando ningún dinero es la Comunidad Valenciana. Según fuentes la Generalitat, “el Estado Español tiene la obligación de dictar mediante Real Decreto un reglamento que regule la cuantía del canon, con qué criterio se recauda y cómo se paga a los autores”. Y que hasta que esto no suceda entienden que no están obligados a hacerlo.
Ante esto, Cedro argumenta que mientras se dicta el Real Decreto hay que tener en cuenta la disposición transitoria “que es lo que tiene validez”. Esta disposición establece “claramente”, según la institución, “tanto la cuantía como el criterio: 0,20 céntimos de euro por ejemplar de obra adquirida destinada al préstamo, así como los que están obligados al pago: siempre los titulares de los establecimientos: unas veces (las menos) el Estado y las CCAA y otras, los ayuntamientos”. Reconocen que “son muchas las CCAA que se niegan a pagar y otras tantas que quieren pagar pero los vacíos legales les impiden hacerlo”.
España ya fue multada por la UE
Una directiva europea de 1992 obligó al pago de estos derechos de autor a las bibliotecas de la Unión. En octubre del año 2006 el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por no haber transpuesto correctamente el contenido de esa directiva al marco legal español, que en la práctica eximía de generar este pago a los préstamos realizados en todas las bibliotecas que ofrecen este servicio, por ello se comenzó a tramitar el sistema en 2007 pero lo cierto es que los escritores siguen a día de hoy sin percibir su dinero.
Conforme a esta regulación, si todas las afectadas por esta ley abonaran la remuneración establecida, según Cedro, la recaudación máxima anual por el préstamo de libros, películas y música rozaría el millón de euros, que deberían repartirse entre los autores de los 41 millones de obras prestadas. En cualquier caso, esta cantidad está muy por debajo de la recauda en otros países por este mismo concepto (Francia 22 millones de euros, Holanda 17 millones o Alemania 13 millones, según datos facilitados por la institución).
Cedro distribuyó el pasado mes de noviembre 489.978,26 euros entre 21.668 escritores y traductores de España y de otros países por los préstamos de sus libros en bibliotecas españolas durante el 2007. Fue la primera vez que se remuneraba a los autores españoles por el préstamo de sus obras, desde que se estableció este derecho hace tres años en la Ley del Libro. Esta cantidad procedía del pago que el Ministerio de Cultura hizo a principios del 2008 para remunerar los préstamos del 2007 (asumió de forma extraordinaria ese pago por todas las bibliotecas a las que les correspondía abonar este derecho de autor), y de los pagos efectuados también en el 2008 por diversas instituciones, tales como el Gobierno Foral de Navarra o la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, para remunerar los préstamos de ese ejercicio.
Que Cultura pague la fiesta
La única solución que ven desde Cedro a esta situación es que sea el ministerio de Ángeles González-Sinde quien pague el canon como ya hizo “exitosamente” en 2008. Desde la institución ya han pedido a la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso de los Diputados que se cambie la regulación para que no sean los ayuntamientos los que tengan que abonar esta remuneración porque la mayoría de las bibliotecas afectadas por esta regulación son de titularidad municipal, y esto obliga a una micro gestión. Según Cedro, “en todos los países europeos son las administraciones centrales o regionales las que asumen la obligación”.
Además, prefieren que el criterio por el que se calcule el pago sea por préstamo realizado y no por ejemplar adquirido para préstamo, y que en ese caso, la cuantía establecida sea de 0,10 céntimos por préstamo.
Finalmente, la institución justifica el pago a los autores por el préstamo bibliotecario de sus obras para poder “remunerarles por un determinado uso del fruto de su trabajo, gracias al cual se ofrece un servicio público, de la misma manera que se remunera a quienes facilitan otros bienes y servicios necesarios para ello, como la luz que se consume en las bibliotecas, la conexión ADSL, etc”.
http://www.elconfidencial.com/sociedad/bibliotecas-canon-libros-derechos-autor-20100212.html
El 14 de junio del 2007, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, en la que se reguló la remuneración para los autores por el préstamo de sus obras. El Ministerio de Cultura asumió el pago de todos los préstamos habidos en España en 2007, esperando que al año siguiente comenzara a funcionar la recaudación.
Al año siguiente, por contra, sólo cuatro comunidades abonaron su correspondiente tarifa: Navarra, Madrid, Aragón y Murcia pagaron 20 céntimos por cada préstamo que se hizo en sus bibliotecas municipales y autonómicas en 2008. El año pasado, 2009, únicamente lo hicieron las dos primeras, Madrid y Navarra. La Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid ha reconocido a El Confidencial que pagó 36.004,31€ por este concepto en 2009.
Cedro, la institución gestora y recaudadora de los beneficios derivados de los derechos de autor de los escritores españoles, creen que las CCAA no pagan o se niegan a pagar escudándose en que el Real Decreto que regula este canon, que debió promulgarse en 2008, sigue sin promulgarse a día de hoy.
Una de las CCAA que no está abonando ningún dinero es la Comunidad Valenciana. Según fuentes la Generalitat, “el Estado Español tiene la obligación de dictar mediante Real Decreto un reglamento que regule la cuantía del canon, con qué criterio se recauda y cómo se paga a los autores”. Y que hasta que esto no suceda entienden que no están obligados a hacerlo.
Ante esto, Cedro argumenta que mientras se dicta el Real Decreto hay que tener en cuenta la disposición transitoria “que es lo que tiene validez”. Esta disposición establece “claramente”, según la institución, “tanto la cuantía como el criterio: 0,20 céntimos de euro por ejemplar de obra adquirida destinada al préstamo, así como los que están obligados al pago: siempre los titulares de los establecimientos: unas veces (las menos) el Estado y las CCAA y otras, los ayuntamientos”. Reconocen que “son muchas las CCAA que se niegan a pagar y otras tantas que quieren pagar pero los vacíos legales les impiden hacerlo”.
España ya fue multada por la UE
Una directiva europea de 1992 obligó al pago de estos derechos de autor a las bibliotecas de la Unión. En octubre del año 2006 el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por no haber transpuesto correctamente el contenido de esa directiva al marco legal español, que en la práctica eximía de generar este pago a los préstamos realizados en todas las bibliotecas que ofrecen este servicio, por ello se comenzó a tramitar el sistema en 2007 pero lo cierto es que los escritores siguen a día de hoy sin percibir su dinero.
Conforme a esta regulación, si todas las afectadas por esta ley abonaran la remuneración establecida, según Cedro, la recaudación máxima anual por el préstamo de libros, películas y música rozaría el millón de euros, que deberían repartirse entre los autores de los 41 millones de obras prestadas. En cualquier caso, esta cantidad está muy por debajo de la recauda en otros países por este mismo concepto (Francia 22 millones de euros, Holanda 17 millones o Alemania 13 millones, según datos facilitados por la institución).
Cedro distribuyó el pasado mes de noviembre 489.978,26 euros entre 21.668 escritores y traductores de España y de otros países por los préstamos de sus libros en bibliotecas españolas durante el 2007. Fue la primera vez que se remuneraba a los autores españoles por el préstamo de sus obras, desde que se estableció este derecho hace tres años en la Ley del Libro. Esta cantidad procedía del pago que el Ministerio de Cultura hizo a principios del 2008 para remunerar los préstamos del 2007 (asumió de forma extraordinaria ese pago por todas las bibliotecas a las que les correspondía abonar este derecho de autor), y de los pagos efectuados también en el 2008 por diversas instituciones, tales como el Gobierno Foral de Navarra o la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, para remunerar los préstamos de ese ejercicio.
Que Cultura pague la fiesta
La única solución que ven desde Cedro a esta situación es que sea el ministerio de Ángeles González-Sinde quien pague el canon como ya hizo “exitosamente” en 2008. Desde la institución ya han pedido a la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso de los Diputados que se cambie la regulación para que no sean los ayuntamientos los que tengan que abonar esta remuneración porque la mayoría de las bibliotecas afectadas por esta regulación son de titularidad municipal, y esto obliga a una micro gestión. Según Cedro, “en todos los países europeos son las administraciones centrales o regionales las que asumen la obligación”.
Además, prefieren que el criterio por el que se calcule el pago sea por préstamo realizado y no por ejemplar adquirido para préstamo, y que en ese caso, la cuantía establecida sea de 0,10 céntimos por préstamo.
Finalmente, la institución justifica el pago a los autores por el préstamo bibliotecario de sus obras para poder “remunerarles por un determinado uso del fruto de su trabajo, gracias al cual se ofrece un servicio público, de la misma manera que se remunera a quienes facilitan otros bienes y servicios necesarios para ello, como la luz que se consume en las bibliotecas, la conexión ADSL, etc”.
http://www.elconfidencial.com/sociedad/bibliotecas-canon-libros-derechos-autor-20100212.html
