Aunque ese derecho está garantizado por la Constitución, es imperioso que una ley asegure esa herramienta democrática
Hace a la vida de todo Estado el derecho de acceso a la información pública, de modo que los ciudadanos puedan conocer en detalle los problemas que les son comunes; controlar el manejo de los fondos públicos y la labor de los funcionarios, y tener un papel activo en la vida política. Esa es la piedra angular de toda república. En la Argentina, si bien la Constitución nacional, reformada en 1994, garantiza en forma expresa el acceso a esa información, aún no existe una ley uniforme que garantice ese derecho a todo aquel que esté interesado en hacer uso de él.
Es una pena. El acceso a la información no es parte de una plataforma política. Es, sobre todo, una regla fundamental de los sistemas republicanos de gobierno y un requisito indispensable de la libertad de expresión. Permite, a su vez, acceder a otros derechos, como la salud, la educación, la vivienda digna o la obtención de un plan social desde el momento en que asegura la transparencia.
En tiempos electorales, esa herramienta permitiría tomar mejores decisiones porque tanto los partidos como los candidatos deberían aceptar de buen grado y sin excusas que una lupa observe sus propuestas y, desde luego, mida sus gastos en la campaña. En ese aspecto, una ley de acceso a la información sería vital para evaluar la rendición de cuentas, materia siempre pendiente en la Argentina.
En los últimos años, nuestro país logró algunos tibios avances en la promoción del derecho de acceso a la información pública. El decreto 1172/03, que regula el acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, fue la iniciativa más importante, sobre todo porque trazó el camino para la sanción de leyes en ocho provincias y decretos en otras cuatro. Doce todavía esperan una regulación de este tipo.
En la Argentina existe una anomalía suprema: los índices del Indec. Si la medición estatal es falsa, como es público y notorio, difícilmente la ciudadanía mejorará su conocimiento de la situación gracias a la ley de acceso a la información pública. Lo bueno de su sanción, sin embargo, es que ya no tendrían cabida los datos erróneos sobre pobreza, inflación, padrones de programas sociales y subsidios otorgados al sector privado, entre otros.
El acceso a esos datos no debe ser ficticio ni, mucho menos, complicado. Se trata, después de todo, de mediciones que conciernen al Estado, solventado por los contribuyentes, que no pueden quedar al arbitrio del gobierno o de la corriente política de turno.
Es importante que los ciudadanos utilicen el derecho, lo ejerciten y lo exijan. Las estadísticas oficiales evidencian que aún son muy pocas las personas que piden información en las oficinas públicas. Desde 2004 se presentaron sólo 4511 pedidos que corresponden, en su mayoría, a particulares, muchos de ellos estudiantes, organizaciones sin fines de lucro y periodistas.
Para alentarlo, cada año, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), con el auspicio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (ADEPA) y otras organizaciones civiles, publica una guía que incluye los pasos y los mecanismos básicos que todo ciudadano debe conocer para obtener información pública. Este año, la edición también contiene ejercicios para que los maestros trabajen en las aulas con sus alumnos; está disponible en Internet.
Alertar a la sociedad sobre los derechos que tiene es una tarea fundamental que deberían desempeñar tanto el Estado -en las escuelas y las oficinas públicas- como las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Ignorar el derecho de saber no sólo atenta contra quienes no lo utilizan sino también contra el derecho mismo; cuando se lo ejercita, se obliga a los funcionarios y a la administración pública en general a ponerlo en práctica, aplicar los mecanismos para hacerlo efectivo y, en definitiva, promover en la sociedad un comportamiento digno y democrático.
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